Naciones unidas

148. 
     En materia laboral, para garantizar el derecho al trabajo, Nicaragua es parte de los siguientes Convenios Internacionales del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debidamente aprobados y ratificados por el país, tal como se menciono en el artículo 2 del presente Informe, entre los que se puede mencionar:
     
     1. 
        Convenio Nº 122 de la OIT sobre la Política del Empleo, de 1964 .⁶⁹
        
     2. 
        Convenio Nº 111 de la OIT sobre la Discriminación en el Empleo y la Ocupación, de 1958.⁷⁰
        
149. 
     También han sido ratificadas la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1966⁷¹ y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.⁷²
     
150. 
     En la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23, se establece el derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias con el trabajo, a la participación contra el desempleo y a un salario igual por trabajo igual, estos derechos deberán ejercerse sin discriminación.
     

148. 
     Como principal ente rector del derecho al trabajo, se encuentra el Ministerio de Trabajo (MITRAB), que de conformidad al artículo 27 de la Ley Nº 290⁷³, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo; le corresponden las funciones siguientes:
     

b) Ejercer, ejecutar y cumplir las funciones, atribuciones y obligaciones que le confieren y establecen la legislación laboral, la Constitución Política y los compromisos internacionales suscritos por Nicaragua y vigentes en materia laboral y sindical, particularmente las normas y convenios internacionales de la OIT.

c) Formular, en coordinación con las entidades pertinentes, las normas relativas a condiciones de seguridad, higiene y salud ocupacional y supervisar su aplicación en los centros de trabajo.

d) Administrar y dirigir el régimen de autorizaciones y registro de las asociaciones laborales y las cooperativas y supervisar su funcionamiento de acuerdo a sus regímenes legales.

e) Intervenir en la solución de conflictos laborales a través de la negociación, conciliación, arbitraje o cualquier otro procedimiento establecido por la ley.

f) Formular la política de formación técnica y capacitación continua a la fuerza laboral.

g) Brindar asesoría legal gratuita a los trabajadores (ras) involucrados en conflictos laborales individuales o colectivos y promover programas de capacitación a trabajadores y empleadores sobre los derechos, deberes, normas y procedimientos en la materia de su competencia.

h) Proporcionar a los empleadores procedimientos para la organización científica del trabajo y los salarios.

i) Dirigir estudios e investigaciones específicas en el campo laboral.

j)   En coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, formular y proponer políticas y normas sobre ocupación y remuneración para la formación de un sistema de servicio civil.

148. 
     Población Económicamente Activa (PEA)⁷⁵ abarca todas las personas de uno u otro sexo que aportan su trabajo para producir bienes y servicios económicos, y ésta a su vez, la conforman los ocupados y desocupados⁷⁶.
     
149. 
     A nivel nacional, la PEA muestra un aumento de un período a otro (51.5% en 1993 y 57.3% en 2001); relacionado a ello, la Población Económicamente Inactiva (PEI)⁷⁷ decreció en 5.8 puntos.
     
150. 
     Se observa mejora en la PEA, en el sector de los pobres extremos (de 48.6% en 1993 a 55.9% en 2001), un poco más alta entre los no pobres (57.7 %). Esto expresa que, porcentualmente hay más personas que aportan a la economía del país, sabiendo que una parte de ellas no está inmersa en el mercado laboral, ya sea porque se encuentra buscando trabajo o están en espera de uno nuevo.
     
151. 
     En el numero de personas activas, existía la misma proporción a nivel de área de residencia tanto en la urbana como en la rural y esta ha ido en ascenso (de 51.6% en 1993, 57.4 en 2001 en la urbana y de 51.2% a 57.2% en la rural, respectivamente).
     

148. 
     A nivel nacional, las personas ocupadas y desocupadas presentaron grandes diferencias, ya que en el período de 1993, dos de cada diez estaban en condición de desempleo y en 1998 y 2001 lo fueron, uno de cada diez. De esta manera, la tasa de desempleo bajó de 21.9% en 1993 a 11.3% en el 2001.⁷⁸ Contrariamente, la proporción de ocupados ha aumentado, pasando del 78.1% en 1993 al 88.7% en el 2001.
     
149. 
     En las áreas urbanas el desempleo abierto se redujo de un 13.3% a 12.6%; en las áreas rurales, aumentó ligeramente desde un 8 a un 9.2%.
     
150. 
     Entre los pobres extremos también bajó la tasa de desocupación de 24.9%(1993) a 13.4% (2001), aunque hubo un ligero aumento se hace la comparación con el año 1998 (11.5%) y 2001 (13.4 %).
     
151. 
     Al analizar las características del mercado laboral según el sexo de las personas, puede observarse que las mujeres tienen mayor probabilidad de estar desempleadas, esta diferencia resulta ser particularmente marcada entre las personas en extrema pobreza y en las áreas rurales⁷⁹. A nivel nacional, un 13% de ellas se encontraban en el desempleo, versus un 10.3% de los hombres. Sin embargo entre las personas en extrema pobreza, un 25.6% de las mujeres estaban desempleadas, en comparación a sólo un 9.4% de los hombres. En el caso de las áreas rurales, un 30.5% de las mujeres en extrema pobreza estaban desempleadas, en comparación a solamente un 8% de los hombres.
     
152. 
     La PEA difiere entre hombres y mujeres y se da más pronunciada en las áreas rurales y entre los pobres extremos. A nivel nacional, es de un 75.5% en el caso de los hombres y un 40% para las mujeres. Entre las personas en extrema pobreza, dicha diferencia respectiva fue del 80.7 y 28.7%, mientras que entre la población rural en extrema pobreza, dicha discrepancia llegó a 81.4% y 26.3% respectivamente.
     

148. 
     Otro cambio importante en Nicaragua entre el período de 1998 y 2001, fue el incremento en el porcentaje de personas extremadamente pobres, ocupadas en el sector informal y en el sector formal. En 1998, la tasa de informalidad entre los pobres extremos fue del 72.1% a nivel nacional y en el 2001, aumentó a un 76.6 %. Esto representó un 74.7% en las áreas urbanas y un 77.3% en las áreas rurales.
     
149. 
     Referente a la participación en el sector informal urbano según el sexo de las personas, el 66.5% de las mujeres ocupadas en el área urbana, pertenecen al sector informal urbano, en comparación a solamente un 55.6 por ciento de los hombres. Entre la población extremadamente pobre, un 92.1% de las mujeres urbanas trabajaban en el sector informal en esa área, mientras que solamente un 66.1% de los hombres se ubicaban en la informalidad.
     

148. 
     Según la categoría ocupacional a la cual pertenecen las personas ocupadas, a nivel nacional un 40.4% estaban considerados como empleados u obreros y un 28% son trabajadores por cuenta propia.
     
149. 
     Entre la población extremadamente pobre, la categoría ocupacional de mayor importancia es la de trabajador sin pago, que representa casi un 29%. Si se suma a esta categoría la de jornalero y peón, la cual representa un 25% de los extremadamente pobres, se concluye claramente que la gran mayoría de personas ocupadas en dicha condición de pobreza, laboran en trabajos de muy baja calidad y poco remunerados, o en el caso de los no remunerados, regalan prácticamente su mano de obra.
     
150. 
     En cuanto al sector económico al cual pertenecen las personas ocupadas, a nivel nacional un 48.9% trabajan en el sector terciario, 16.9% en el secundario, y un 34.2% afanan en el primario. Sin embargo, no debe de sorprender las grandes diferencias que existen en cuanto a los sectores de mayor relevancia según el área de residencia de las personas y sus niveles de pobreza.
     
151. 
     Entre las personas extremadamente pobres, un 72.9% trabaja en el sector primario y el 19.1% en el terciario, mientras que entre las personas no pobres estas cifras comprenden un 18.5% y un 62.2% respectivamente.
     
152. 
     Esto es de esperarse, dado que los más pobres se ubican en labores menos tecnificadas y residen principalmente en las áreas rurales, donde la principal fuente de empleo es la agricultura con mano de obra poco calificada. Por ello, ocho de cada diez pobres extremos del área rural, se desempeñan en el sector primario; no siendo así en el área urbana y a que solo cuatro de cada diez personas en la misma condición de pobreza laboran en dicho sector y cinco de cada diez en el terciario.
     
153. 
     Las cifras demuestran que los pobres extremos, se encuentran principalmente como trabajadores no calificados (63.2 por ciento), seguidos del 23.3% como agricultores y trabajadores agropecuarios y pesqueros. Al contrario, una cuarta parte de los no pobres están trabajando como no calificados con el 19.3% y el 12.8% como vendedores de comercio y operarios respectivamente. En la comparación urbano-rural, la proporción de pobres extremos como trabajador no calificado es casi la misma en ambas pero hay mas trabajadores agricultores en el área rural (27.7%) que en la urbana (9.2%).
     
154. 
     Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la pobreza se presenta como uno de los factores que afecta el derecho al empleo, ya que la mitad de personas asalariadas devengan sueldos inferiores al umbral de la pobreza. Es decir, la solución no es sólo crear empleos, “se necesitan empleos de buena calidad, con mejores condiciones de trabajo y acceso al desarrollo humano”⁸².
     

148. 
     Asimismo señala que la precariedad del empleo se ha acentuado, lo cual se refleja en el aumento de la proporción de personas ocupadas en los sectores informales o de baja productividad⁸³.
     
149. 
     En el caso de los jóvenes, la problemática de falta de empleo se acentúa, ya que cuando este sector logra encontrar empleo, es por lo general precario y mal remunerado, lo cual es un indicio de la vulnerabilidad de la juventud en cuanto a la subocupación.
     

148. 
     En los últimos años, la migración laboral ha adquirido una gran relevancia en el país. Miles de nicaragüenses emigran en busca de mejores oportunidades de empleo, especialmente a Costa Rica y a Estados Unidos. El flujo de remesas constituye una de las mayores contribuciones al PIB. Sin embargo, no ha tenido impacto en el desarrollo económico del país y en la reducción de los niveles de pobreza.
     

148. 
     Referente a los orígenes de la migración externa, ésta es fundamentalmente urbana ya que un 73% de los hogares con emigrantes se ubican en el área urbana y un 27% en el área rural.⁸⁴
     

Departamentos	Mujeres	Hombres	Total
Managua	12%	11%	12%
León	12%	9%	10%
Granada	10%	9%	10%
Rivas	10%	10%	10%
Chinandega	10%	9%	9%
Estela	5%	8%	7%
RAAS	55	6%	6%
Rió San Juan	6%	5%	6%

género” Torres Olimpia; Barahona Milagros; edición Managua: SECEP, UNFPA, OIT, 2004.

148. 
     El primer destino de las y los nicaragüenses que migran hacia el exterior es Costa Rica, el 59% del total de emigrantes captados por la encuesta residen en este país. Las diferencias de sexo de la población emigrantes son mínimas, un 60% son hombres y un 58% mujeres).
     
149. 
     El segundo destino es Estado Unidos, que señala un 29% de los y las emigrantes. En este destino tiene una participación mayor las y los emigrantes de origen urbano (37% masculino y 34% femenino). Los emigrantes de origen rural tienen una participación bastante reducida (11% masculino y 13% femenino).
     

148. 
     En relación con el resto de Centroamérica, este tercer destino capta un 7% del total de emigrantes, donde el 6% son hombres y 7% son mujeres. El Mayor comportamiento es de origen urbano (7% de los hombres y 8% de las mujeres) que el de emigrantes de origen rural (3% de los hombres y 5% de las mujeres).
     
149. 
     En síntesis, al comparar los dos destinos en ambos sexos, la participación de las mujeres emigrantes de origen urbano, es mayor en comparación con la del hombre emigrantes urbano (15% de mujeres y 13% de hombres).
     

148. 
     El Ministerio del Trabajo en representación del Gobierno de Nicaragua en turno, suscribió un Convenio de Cooperación con la OIT, el 3 de octubre del 2002, cuyo fin era avanzar en la elaboración de una política nacional de empleo, con la activa participación de los interlocutores sociales nicaragüenses.
     
149. 
     La Política Nacional de Empleo y Trabajo Decente, se aprobó el 1º de Mayo de 2006 a través del Decreto Ejecutivo 30-2006.⁸⁷
     
150. 
     La adopción de una Política Nacional de Empleo, se enmarca dentro del mandato de la Política Económica, la cual declara la prioridad nacional, de formular una estrategia para la generación de trabajo de calidad, junto con el incentivo a la inversión privada nacional y extranjera, a la estrategia de crecimiento económico y reducción de pobreza, constituyen los ejes centrales de esta gestión publica.
     
151. 
     La Política Nacional de Empleo sintetiza el esfuerzo conjunto de los interlocutores sociales y la OIT y constituye una propuesta integrada de políticas de empleo y trabajo digno, con base en los estudios y los aportes multidisciplinarios de los especialistas que han participado en este proceso. Igualmente, desarrolla el planteamiento del “Marco de una política para el fomento del empleo y trabajo digno” que se adoptó en el período de mayo del 2003, con un alto grado de consenso entre los interlocutores, para orientar el contenido de este trabajo.
     
152. 
     La Política Nacional de Empleo trasciende la dimensión económica financiera a largo plazo, hacia una situación donde la sociedad nicaragüense maximice el aprovechamiento y valoración de los recursos humanos de la nación, propiciando a sus pobladores trabajo decente para lograr las aspiraciones nacionales de vivir con dignidad.
     
153. 
     Uno de los grandes desafíos de la Política Nacional de Empleo es la necesidad de dar empleo de calidad a 165 mil hombres y mujeres registrados como desempleados en el período 2003 y en los próximos años a cerca de 80 mil nuevos trabajadores que se incorporan cada año la fuerza de trabajo nicaragüense.
     
154. 
     También tiene como desafío en el mediano y largo plazo, mejorar la calidad del empleo a aproximadamente un millón de personas que se desempeñan en las condiciones de subempleos, la mayoría de ellos en el sector informal y en la pequeña economía campesina e indigna.
     
155. 
     La política de empleo y trabajo decente integra las preocupaciones centrales del sector empresarial y sindical. El empresariado nicaragüense ha insistido en la necesidad de avanzar en una agenda de desarrollo de largo plazo, superando la visión de corto plazo imperante en los años pasados. Esto permitirá lograr un país competitivo y en que las reformas económicas que se impulsen con gradualidad, para ello se deben superar las debilidades y amenazas referidas a las insuficiencias en la calidad de los recursos humanos, el déficit en la institucionalidad política, la falta de claridad en la regla del juego a la inversión.
     
156. 
     Las acciones de política están orientadas al mejoramiento de las condiciones sociolaborales, garantizar los derechos de los trabajadores (ras) y erradicar el trabajo infantil, contribuyendo al aprovechamiento de las oportunidades de la apertura comercial. Para atender los desafíos del sector se desarrollan las siguientes estrategias:
     
     1. 
        Formación profesional para el desarrollo permanente de competencias y fomento de la equidad.
        
     2. 
        Mejorar las condiciones laborales, de higiene y seguridad de los trabajadores (ras) de cara a los tratados de libre comercio, con el fortalecimiento de la capacidad de inspección y reformas legales en armonía con convenios internacionales.
        
     3. 
        Prevenir y disminuir el trabajo infantil y proteger al adolescente trabajador, con el desarrollo de un plan estratégico; la determinación y eliminación de las peores formas del trabajo infantil, incluyéndolas como materia de inspección, y la reglamentación del trabajo adolescente.
        
     4. 
        Fortalecer las condiciones institucionales y legales del mercado laboral, con la modernización y expansión de los servicios públicos de empleo.
        
157. 
     El costo total del sector laboral es de US$29.1 millones para el período 2006-2010, con una brecha de US$13 millones con respecto al financiamiento disponible.
     

148. 
     Con respecto a esta interrogante el Ministerio del Trabajo (MITRAB) informó que no existe información en este aspecto, ya que la pregunta tiene una visión macro y habría de realizarse algunas investigaciones y el Ministerio no tiene capacidad financiera para hacerlo.
     

148. 
     La Constitución Política de Nicaragua en su artículo 80, expresa que “El trabajo es un Derecho y una responsabilidad social. El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación. El Estado procurará la ocupación plena y productiva de todos los nicaragüenses, en condiciones que garanticen los derechos fundamentales de la persona”.
     
149. 
     De igual forma, el artículo 2 del Código del Trabajo dispone que “Las disposiciones de este Código y de la legislación laboral son de aplicación obligatoria a todas las personas naturales o jurídicas que se encuentren o se establezcan en Nicaragua”.
     
150. 
     En consecuencia, le compete al Estado o Gobierno la vigilancia – por medio de mecanismos establecidos en la ley, como es la Inspección del Trabajo – la eliminación de toda contratación laboral, que atente contra la libertad de elección de empleo o trabajo y que esas condiciones de empleo o trabajo no violenten las libertades políticas y económicas fundamentales del individuo – en todo caso se trata que la contratación laboral o condiciones de trabajo no roce con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política y Leyes Laborales del país.
     
151. 
     En el territorio nicaragüense, toda persona goza de la protección estatal y de reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción de los derechos consignados en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 46 de la Constitución. Se trata de ir avanzando en una política nacional de empleo con la activa participación del gobierno o Estado y los interlocutores sociales que garanticen la libertad de elección de empleo y que esas condiciones de empleo no violen las libertades políticas y económicas fundamentales del individuo.
     
152. 
     Desde el punto de vista legal, no existe ninguna dificultad en la realización del pleno empleo, ya que la Constitución de la República en su artículo 86, establece la libertad de elegir libremente el empleo así como una profesión u oficio.
     
153. 
     De igual forma en el Código Laboral inciso b) del artículo 17, señala que los empleadores deben “Respetar el derecho a la libre elección de profesión u oficio y no exigir ni aceptar cualquier clase de pago para emplear al trabajador ni elaborar listas discriminatorias o realizar prácticas que restrinjan o excluyan las posibilidades de colocación de los trabajadores”.
     

148. 
     En Nicaragua, la fuerza laboral se caracteriza por una baja calificación, que se origina en los índices de analfabetismo, bajos niveles de escolaridad, limitaciones en el acceso a la educación y la capacitación técnica, lo que a su vez tiene un impacto negativo en los niveles de productividad e ingresos.
     
149. 
     A pesar de que se han ejecutado diferentes programas de capacitación, el sistema es aún incipiente. La oferta de capacitación y formación técnica no ha sido suficiente, ya que no ha cubierto en su totalidad la demanda real.
     
150. 
     Mientras se define una estrategia integral que responda en su totalidad a las demandas, se ha establecido el bachillerato técnico con especialidades agropecuarias, turísticas e industriales; se ha implementado una nueva modalidad con la formación a distancia, que facilita a los que han completado la educación primaria estudiar una carrera técnica; se definió un nuevo modelo educativo que está siendo piloteado en tres centros de educación técnica agropecuaria.
     
151. 
     La política del sector está orientada a generar una fuerza laboral con habilidades y destrezas necesarias para su inserción en el mercado de forma competitiva. Para esto, se establecieron las siguientes líneas de acción:
     
     1. 
        Mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de la oferta de formación técnica y profesional, a través del diseño e implementación de un Sistema Nacional de Capacitación y Formación flexible, que ofrece programas de aprendizaje relacionados con el desarrollo productivo y características socioeconómicas del territorio.
        
     2. 
        Ampliación de capacidades y mejoramiento del acceso a la formación técnica y capacitación, mediante el incremento del número de estudiantes, especialmente los más pobres, en los diferentes niveles y modalidades de formación; el aumento de la cobertura y pertinencia de capacitación laboral en empresas aportantes del 2 por ciento a INATEC; y el mejoramiento de la infraestructura básica y equipamiento.
        
152. 
     El costo para la demanda ampliada del sector capacitación y formación técnica es de US$182.4 millones para el período 2006-2010, con una brecha de US$13 millones con respecto al financiamiento disponible.