Política de seguridad alimentaria

559. 
     La producción de los once productos que componen la Canasta Básica ha crecido a tasas aceptables, durante el último quinquenio, a excepción del aceite. Sin embargo para complementar los niveles deseados de disponibilidad se han realizado importaciones de alimentos del orden de 1.3 millones de toneladas entre arroz, maíz, trigo y fríjol; unos 322 millones de litros de aceite y 427 millones de litros de leche.
     
560. 
     Los principales problemas que afectan la disponibilidad es la baja productividad, altas perdidas pos cosecha (entre 15 y 18% en granos básicos) falta de reciprocidad comercial entre las importaciones y las exportaciones.
     

559. 
     En el mes de diciembre del año 2001¹⁵⁷ el salario promedio nominal mensual de los trabajadores (ras) fue de 2,995 córdobas para todos los sectores. Para esa misma fecha, el costo de la Canasta Básica Alimentaria para una familia de seis miembros fue de 1,650 córdobas por mes, en octubre de 2002 el precio de la Canasta había ascendido a 1,673.84 córdobas corrientes, como promedio para la República. La Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza (ERCERP) estima que el 17.3% no gana lo suficiente para adquirir la Canasta Básica, esto significa que unas 865 mil personas no tienen acceso pleno a los productos que conforman la Canasta. A la cifra anterior deben sumarse 203 mil personas, que a la misma fecha se encontraban en desempleo abierto. Lo cual significa que en total, aproximadamente un millón de personas no tienen acceso adecuado a los alimentos.
     
560. 
     Especial atención merecen los trabajadores (ras) agrícolas, el sector agrícola emplea más del 40 % de los trabajadores (ras), el salario real medio durante el período 1994-1999 fue de 1,000 Córdobas por mes.
     

559. 
     El consumo de alimentos energéticos y proteicos es menor en el campo que en la ciudad, en las zonas rurales dependen de alimentos básicos como el maíz, frijol y arroz, siendo el consumo de alimentos de origen animal más alto en las zonas urbanas.
     
560. 
     Conforme al modelo de consumo aparente, cuyos parámetros son las encuestas de consumo de 1990, 1991 y 1993, practicadas por el MAGFOR, existe un déficit del 45 % de calorías y el 55 % de proteínas en el estrato de menor ingreso.
     
561. 
     Lamentablemente no se ha vuelto a practicar ninguna encuesta que permita obtener información sobre los niveles de consumo de los alimentos básicos, de una manera directa. Las Encuestas de Medición de Nivel de Vida practicadas por INEC cada dos años, miden el consumo por el gasto de las familias en la compra de los diversos alimentos.
     

559. 
     Persiste en ciertos niveles de decisión política la concepción de identificar el tema de seguridad alimentaria nutricional como una acción del suministro de alimentos a personas en riesgo (normalmente referido a entrega de alimentos a indigentes y pobres urbanos o a afectados por calamidades naturales), sin abordar la temática en su amplia dimensión. Esto quiere decir que la seguridad alimentaria tiene que atenderse desde el acceso a la tierra, la conservación de los recursos para la sostenibilidad productiva y al acceso a la tecnología productiva más adecuada. De igual manera, debe de comprender la correcta asistencia para el uso de insumos que potencialicen la producción lógica de acuerdo a las condiciones agro ecológicas imperantes en el entorno de las fincas, con el acceso al crédito oportuno y sobre todo, al acceso a los mercados internos y externos con precios justos, para que los productos alimenticios lleguen a los consumidores finales a precios con justicia y en condiciones de calidad que permitan una sana nutrición.¹⁵⁸
     

559. 
     La actual generación de pequeños productores continúa con sus niveles tecnológicos de bajo rendimiento (insuficientes insumos, carencia de bienes de capital, reducido sistema de servicios de asistencia técnica y capacitación, deficientes servicios de comercialización, grandes restricciones crediticias y costos que no permiten la competitividad, lo que coloca a este segmento de población con muy pocas posibilidades de superar su nivel de vida en el mediano plazo y continuará siendo una carga social que vivirá de la asistencia humanitaria expresada de manera especial en ayuda alimentaria.
     
560. 
     Las acciones en el marco de la investigación, validación y transferencia de tecnología para la producción agropecuaria no llegan más que a un 15% de los pequeños y medianos productores del país. La oferta tecnológica es muy limitada y el proceso de transformación sectorial que pase por la modernización del sector público agropecuario, no logra consolidarse con la dinámica que la globalización requiere.
     
561. 
     El fenómeno de competitividad para acceder a los mercados externos, hace que los campesinos subsistan con lo que son capaces de producir, en un fenómeno conocido como capacidad productiva a partir de economías de escala, donde se reflejan limitaciones objetivas muy difíciles de superar en un corto plazo y que además requiere de amplios programas de desarrollo territorial o local. Lo anterior, hace que para los pobres rurales no quede otro recurso o bien opciones de ingreso, más que los generados a partir de la oferta de mano de obra, la cual se reduce cada día con el consiguiente deterioro de sus niveles de vida.
     
562. 
     Es necesario mejorar aspectos históricos como los presentados en la última década, donde se dio gran movilidad entre el campesinado para la obtención de empleo de bajo costo, asimismo mejorar las barreras educativas, barreras culturales y de manera especial los problemas del idioma de lo contrario no se lograra una integración activa con la vida nacional, menos aún con el empleo que pudiera generar el modelo de aglomerados.
     
563. 
     Las importaciones de alimentos y más concretamente de los granos básicos son inadmisibles, pues Nicaragua posee la mayor cantidad de suelos con riqueza desde el punto de vista edafológico, mecanizables e irrigables de la Región Centroamericana, los cuales se encuentran en estado de sub-aprovechamiento por falta de estímulos macroeconómicos a la producción local y exportable. En los últimos dos años¹⁵⁹, se ha importado más de US$ 51 millones de dólares en granos básicos, existiendo la opción de producirlos localmente.
     
564. 
     El potencial productivo de Nicaragua en las planicies del Pacífico a partir del uso áreas irrigables es de aproximadamente 497,000 manzanas (350,000 hectáreas) y en el resto del país aproximadamente 400,000 manzanas adicionales, según el III Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) actualmente sólo se utiliza a nivel nacional unas 110,000 manzanas. La productividad de granos básicos según los estudios realizados, se multiplican entre 2.5 y 4.6 veces.
     
565. 
     El problema de los alimentos y en especial de los granos básicos, no es la producción en sí, más bien el acceso, el consumo y la forma correcta de consumo (utilización biológica) a los mismos, cuya principal restricción de carácter transversal está referida a la variable ingreso. La población come pero no se nutre, el consumo de alimentos de poco valor nutricional y de manera especial los azúcares, bebidas con edulcorantes y preparados sintéticos constituyen un hábito de consumo poco saludable al cual no existe respuesta masiva de orden institucional.
     
566. 
     El avance de la frontera agrícola se encuentra sin freno. La expansión de las áreas para la siembra de granos básicos en los dos últimos años hace que de continuar con este proceso, en el futuro la producción alimentaria nacional se sustentará en un alto costo para el medio ambiente y la biodiversidad. Áreas de reserva como Bosawás y comunidades indígenas del Atlántico han comenzado a ser incursionadas por precaristas sin control de parte de autoridades locales ni nacionales.
     
567. 
     Con el fin de impulsar un plan de mejoramiento en el nivel de vida de las comunidades rurales del país, el “Programa de los Polos de Desarrollo” POLDES IDR¹⁶⁰ realiza acciones ligadas a la producción agropecuaria entre los que se puede mencionar:
     

1. 
   Apoya a la producción Agropecuaria con suministro de insumos agropecuario (fertilizantes), a precio preferenciales con el objeto de incrementar la productividad.
   
2. 
   Promueve los servicios de apoyo a la producción a través de la construcción y mantenimiento de caminos, construcción de lagunetas, nivelación de terrazas, etc.
   
3. 
   Brinda la transferencia tecnológica para el mejoramiento de las técnicas de cultivo, fomenta la conservación de los recursos naturales, recuperar áreas degradadas, y promoviendo métodos de producción sostenible.
   
4. 
   Organiza y capacita a los productores en aspectos tecnológicos y de gestión empresarial.
   

559. 
     Durante la década de los 90´s, fueron aprobadas una serie de políticas y planes enfocados a la nutrición de todos las/los nicaragüenses, tales como el Plan Nacional de Nutrición, el Plan Nacional de Micro nutrientes de Nicaragua y Plan Nacional de Lactancia Materna.
     
560. 
     A partir del año 2000, se han hecho esfuerzos importantes para el establecimiento de una estructura en Seguridad Alimentaria y Nutricional, conformada por la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN)¹⁶¹, el Comité Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COTESAN), y el Sistema de Información para el Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISSAN).
     
561. 
     La CONASAN se crea como una instancia permanente adscrita al Ministerio de Salud, sin fines de lucro, de carácter intersectorial, multidisciplinaria e interinstitucional, que integre los diferentes sectores sociales, públicos y privados involucrados en la Seguridad Alimentaria y Nutricional. El principal objetivo de esta Comisión es priorizar, planificar, coordinar, monitorear y evaluar las políticas, estrategias y acciones que en alimentación y nutrición se desarrollen en Nicaragua.
     
562. 
     La medida más relevante para garantizar la alimentación a sectores vulnerables es el Programa Hambre Cero que se menciona mas adelante.
     

559. 
     En el año 2001 se aprobó la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) con la finalidad de mejorar las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional del pueblo nicaragüense, a través de los esfuerzos coordinados de las instituciones del Estado y Sociedad Civil en las acciones (en ejecución y por ejecutarse) que demanda la política con relación a la alimentación y nutrición, para fortalecer el desarrollo económico social del país.
     
560. 
     Se define la “Seguridad Alimentaria y Nutricional” como “el estado de disponibilidad y estabilidad en el suministro de alimentos (culturalmente aceptables), de tal forma que todas las personas todos los días de manera oportuna gocen del acceso y puedan consumir los mismos en cantidad y calidad libre de contaminantes y acceso a otros servicios (saneamiento, salud y educación) que aseguren el bienestar nutricional y le permita hacer una buena utilización biológica de los alimentos para alcanzar su desarrollo, sin que ello signifique un deterioro del ecosistema”.
     
561. 
     Se plantea como objetivo general de la política, facilitar la Seguridad Alimentaria y Nutricional que permita el desarrollo físico y mental de las personas para que puedan integrarse de manera activa y creativa al desarrollo sostenible del país.
     

1. 
   Propiciar las condiciones que incidan en el mejoramiento de la producción interna de alimentos, para facilitar la disponibilidad a la población nicaragüense.
   
2. 
   Facilitar el acceso permanente de las personas a los alimentos inocuos y culturalmente aceptables para una alimentación nutricionalmente adecuada en cantidad y calidad.
   
3. 
   Favorecer los cambios de hábitos alimenticios en hábitos sanos y nutritivos.
   
4. 
   Disminuir los índices de deficiencia por micro y macronutrientes.
   
5. 
   Mantener un control sobre la calidad de los alimentos.
   
6. 
   Ordenar y coordinar los esfuerzos que realizan las instituciones estatales
   

559. 
     Esta política, va dirigida al pequeño y mediano productor, a los obreros agrícolas y familias en extrema pobreza, y pobreza relativa, mujeres embarazadas y lactantes, la infancia desfavorecida de corta edad y a los de tercera edad, que se encuentran en riesgo de inseguridad alimentaria, considerando a la mujer como uno de los ejes del desarrollo.
     
560. 
     Apoyado en primera instancia en el mapa de pobreza y la Encuesta de Nivel de Vida, se puede determinar los grupos sociales a los que debe de atenderse en el corto plazo y las acciones a seguir en el largo plazo. Sin embargo, en las localidades se priorizan los sectores y grupos sociales prioritarios para cada uno de los plazos.
     
561. 
     La política está estructurada en los componentes o lineamientos de disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica de los alimentos.
     
562. 
     Existe una iniciativa de Ley de Seguridad Alimentaria la cual esta en proceso de discusión y aprobación en la Asamblea Nacional.
     

559. 
     La estrategia presentada es una síntesis de las alternativas viables, para alcanzar los objetivos de la Política de Seguridad Alimentaria en los aspectos de Disponibilidad y Acceso. En términos generales, la estrategia a mediano y largo plazo debe tener en cuenta los aspectos generales siguientes:
     

1. 
   Con la participación de diferentes instancias estatales así como de organismos internacionales impulsar proyectos de seguridad alimentaria y nutricional, de carácter integral, utilizando como modelo el Proyecto Zapatera, Granada.
   
2. 
   Mejoramiento del acceso a las tierras agrícolas.
   
3. 
   Promover el diseño de Proyectos Específicos de Seguridad Alimentaria Nutricional para la zona seca del País, en particular el (PESA).
   
4. 
   Orientar y estimular al pequeño productor a que se incorpore al proceso agroindustrial del país principalmente en productos como frutas y vegetales, que están siendo incentivados como productos no tradicionales, que a la vez le servirá como mecanismo de diversificación de la producción.
   
5. 
   Propiciar los análisis de los productos sensibles de la Canasta Básica bajo el enfoque de cadenas productivas agroalimentarias que optimice el enlace de las actividades de financiamiento, siembra, producción, poscosecha, comercialización, agroindustria y consumidor final.
   
6. 
   Estimular a los productores a que se organicen a fin que busquen la forma de comercializar ellos mismo sus productos para modificar la cadena agroalimentaria, principalmente la parte de comercialización que encarece los bienes agrícolas.
   
7. 
   Se deben dirigir los esfuerzos en un cambio de los hábitos alimentarios mediante la educación alimentaria a toda la población.
   
8. 
   Capacitar a los líderes comunales y a los Agentes de Extensión en el uso y promoción de las Guías Alimentarias, tratando de alcanzar efectos multiplicadores.
   
9. 
   Mantener constantemente actualizado un inventario de Proyectos de Seguridad Alimentaria que permita analizar su grado de coordinación con otras actividades, la población meta y el impacto logrado, su eficacia operacional y sobre todo el grado de concordancia con la Política de Seguridad Alimentaria Nutricional.
   

559. 
     El Ministerio de la Familia brinda alimentación a la niñez en diferentes modalidades que son las siguientes:
     

701. En esta modalidad el Ministerio de la Familia tiene presencia en 494 CICO ubicados en 66 municipios del país, beneficiando a 19,760 niños y niñas. Dentro de las modalidades de atención se brindan los servicios de vigilancia del crecimiento y desarrollo de los menores de 6 años, la que incluye en este componente el servicio de alimentación complementaria.

702. La modalidad itinerante, se concibe como una práctica de atención que permite educar, intercambiar y dar seguimiento a las madres-padres de familia en diversos aspectos de la Estimulación Temprana, el cuidado de la Salud y Nutrición, para garantizar un crecimiento y desarrollo de sus hijas e hijos menores de 6 años.

703. 
     Esta modalidad es desarrollada en dos lugares en casa base comunitaria y casa familiar, la primera es una casa o sitio de la comunidad que tenga condiciones básicas mínimas, disponible a los diferentes servicios; mientras que en la casa familiar, es la casa de una familia voluntaria que funciona cuando existen dificultades de acceso a la casa base comunitaria. Dentro de sus modalidades de atención se brindan los servicios de vigilancia del crecimiento y desarrollo de los menores de 6 años, la que incluye en este componente el servicio de alimentación complementaria cuya definición y objetivos es igual que en la modalidad institucional, la diferencia consiste en la forma de entregar los alimentos que son raciones en seco.
     

703. 
     Los criterios de exclusión de la entrega de alimentos son: a) inasistencia injustificada a los círculos de estimulación temprana, (más del 20% en el mes) y a la sesión de vigilancia del crecimiento y desarrollo. b) comprobado uso inadecuado de los alimentos suministrados a los niños y niñas menores de 6 años.
     

706. Los alimentos son preparados por las madres con hijos(as) en los comedores, los cuales son elaborados de lunes a viernes, rotativo cada día mediante una capacitación previa la que incluye medidas fitosanitarias, higiene y manipulación de alimentos. A diciembre del 2006 se tiene una cobertura de 320 CIC en 29 municipios de 10 departamentos beneficiando a 15,398 niños y niñas.

707. Además de la asistencia alimentaria, el Ministerio de la Familia promueve la creación de huertos comunitarios, para la autosostenibilidad de los CIC; esta tarea se realiza en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Forestal quién provee de semilla y asistencia técnica. En la actualidad existen 169 huertos comunitarios con una extensión de más de 259,579mt² que producen batata, ayote, pipian, frijoles y maíz amarillo, los que en total producen 130 toneladas de alimentos complementarios a unos 6,000 niños y niñas menores de 6 años.
Programas implementados en beneficio de una alimentación adecuada¹⁶²

708. 
     El Ministerio de Salud (MINSA) describe los programas implementados para promover una alimentación adecuada:
     

708. 
     Esta iniciativa permitió la disminución de sucedáneos de la leche materna en los hospitales y servicios de atención materna infantil, el mejoramiento del estado nutricional y la reducción de los episodios de IRA (Infecciones Respiratorias Agudas) y EDA (Enfermedad Diarreica Aguda). Aunque el programa se desarrolla en el nivel nacional actualmente se encuentran certificados sólo 12 Sistemas Locales de Atención Integral en Salud (SILAIS) de los 17 del país.
     

710. El país tiene una estrategia de comunicación dirigida a cambios de comportamientos en salud, alimentación y nutrición para promover una alimentación adecuada y sana desde el nivel comunitario a través del Programa Comunitario de Salud y Nutrición.

711. 
     Según el convenio interinstitucional firmado por el MINSA-MAGFOR y Programa Mundial de Alimentos (PMA), se entrega a las familias beneficiarias un paquete alimentario consistente en cereales fortificados (CSB), leguminosa, arroz, maíz, aceite vegetal, para elaborar las raciones de la familia que sufren de inseguridad alimentaria en las zonas seleccionadas. Para ello se establece un censo actualizado y a través de asambleas comunitarias las y los participantes seleccionan a las familias beneficiarias. Se entrega bimensualmente la cantidad de alimentos establecidas (en gramos y aporte kilo calórico) según el tamaño del grupo familiar. El PMA facilita los servicios de logística, monitoreo y vigilancia del programa y en su calidad de donante realiza visitas de verificación, entrevistas con beneficiarios, autoridades departamentales y municipales del Ministerio de la Salud (MINSA).
     

711. 
     Una de las preocupaciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional es el acceso a los alimentos de las personas mas vulnerables, para dar solución y garantizar la soberanía alimentaria de esta población, el Gobierno puso en marcha el Plan denominado “Hambre Cero” que busca cubrir las necesidades alimenticias de los sectores más pobres.
     
712. 
     La asistencia forma parte del Programa contra el hambre que el Misterio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) dirigirá anualmente a 15,000 familias (100.000 nicaragüenses) de las zonas más pobres del país. Se pretende beneficiar a 75 mil familias campesinas pobres durante los cinco años de gobierno.
     

715. 
     Las comunidades indígenas de la etnia miskita y mayagnas que habitan a orillas del río Coco viven primitivamente intercambiando los pocos granos que producen como arroz, maíz y hortalizas, por un poco de jabón y azúcar. El nivel de intercambio comercial que hay (en estas comunidades) es asombroso ya que por un jabón dan ocho libras de arroz (3,6 kilos) y por una libra de azúcar (45 gramos) dan 12 libras de arroz (5,45 kilos).
     
716. 
     A través de este Programa los indígenas recibirán animales se granja como cerdos, vacas y aves de corral para que las reproduzcan y utilicen sus derivados para el autoconsumo y comercialización. También recibirán (por núcleo familiar) un molino y un biogestor para producir biogas que se genera a partir de la descomposición anaeróbica y usando el estiércol como materia prima.
     
717. 
     Un aspecto relevante de este programa es que tiene el apoyo del Banco Mundial (BM), quien se comprometió a respaldar el programa de combate a la pobreza con créditos de aproximadamente 50 millones de dólares anuales en condiciones blandas.
     
718. 
     El proyecto alimentario, tiene un costo estimado de 150 millones de dólares y ya arrancó este 5 de mayo del presente año (2007).
     

715. 
     En la década de los 80, se estima que fueron beneficiadas unas 111, 833 familias, las cuales representaban el 80% de la demanda histórica. Al final del período, en el llamado período de transición, se desarrolló un proceso en el que una gran cantidad de propiedades bajo control del Estado fueron transferidas a particulares. Durante este período, al amparo de la Ley 88, se emitieron aproximadamente 16, 000 títulos de Reforma Agraria.
     
716. 
     La Reforma Agraria, señala la Constitución, es el instrumento fundamental para la democratización de la propiedad y la justa distribución de la tierra y es un medio que constituye parte esencial para la promoción y estrategia global de la reconstrucción ecológica y el desarrollo económico sostenible del país. La Reforma Agraria tendrá en cuenta la relación tierra-hombre socialmente necesaria; también se garantiza las propiedades a los campesinos beneficiarios de la misma de acuerdo con la ley.
     
717. 
     La Reforma Agraria pretende eliminar el latifundio ocioso y se hará prioritariamente con tierras del Estado. Cuando la expropiación de latifundios ociosos afecte a propietarios privados se hará cumpliendo con las normas de indemnización establecidas para esos efectos.
     
718. 
     La Ley 85 “Ley de Transmisión de la Propiedad de Viviendas y Otros Inmuebles Pertenecientes al Estado y sus Instituciones”¹⁶⁴ tenía como finalidad garantizar el derecho de propiedad de todo nicaragüense que ocupaba por asignación, posesión, arriendo o cualquier forma de tenencia, casas de habitación propiedad del Estado y sus Instituciones, tales como el Sistema Financiero Nacional, el Banco de la Vivienda de Nicaragua, los entes autónomos, los organismos descentralizados, las empresas propiedad del Estado y los gobiernos municipales. El mismo reconocimiento se tenía hacia las personas jurídicas que cumplían alguna función social.
     
719. 
     Todas las personas que antes del 25 de febrero 1990, hayan tenido asignadas propiedades del Estado, eran propietarios legítimos de conformidad a esta Ley.
     
720. 
     La Ley 86¹⁶⁵ “Ley Especial de Legalización de Viviendas y Terrenos” reconoce el animo de “dueño” o propietario que las personas tenían sobre lotes de terreno o viviendas asignadas por el Estado y sus Instituciones, en repartos que fueron afectados por la Ley de Repartos ilegales, urbanizaciones progresivas o en barrios populares consolidados y que aún no han recibido un Título de Propiedad susceptible de ser inscritos en los Registros Públicos, adquieren por esta Ley el derecho de propiedad, valiendo la posesión del inmueble por Título para los efectos de la presente Ley.
     
721. 
     Los bienes administrados por el Estado con el mismo ánimo, quedaron expropiados a partir de la aprobación de esta Ley. Los particulares afectados por estas expropiaciones tienen derecho a ser indemnizados.
     
722. 
     Se excluían de la aplicación de la Ley a las personas que ocupaban el inmueble sin ánimo de hacer de él vivienda permanente, como el caso de huéspedes o pensionistas. Tampoco podía ser propietarios de otro inmueble.
     
723. 
     La Ley 87¹⁶⁶ “Ley de Traslado de Jurisdicción y Procedimiento Agrario”, trasladó la competencia jurisdiccional en materia de reforma agraria al Poder Judicial, como una función especializada del mismo. Los órganos competentes según la Ley eran los juzgados de Distrito para lo Civil. Se eliminó la figura de los Tribunales Agrarios, y se derogaron varias disposiciones de la Ley 14, en las que se determinaba el procedimiento agrario, las competencias de los tribunales agrarios y las del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y de Reforma Agraria.
     
724. 
     La Ley 88 “Ley de Protección a la Propiedad Agraria” ¹⁶⁷ reafirmó los derechos obtenidos “sobre la propiedad de la tierra al campesinado, productores individuales, cooperativas, comunidades indígenas y de la Costa Atlántica”, derivados de la Reforma Agraria. Reconoció a los títulos de Reforma Agraria, carácter de instrumento legal suficiente que otorga de manera gratuita la titularidad de la propiedad.
     
725. 
     Esta Ley obligó a los Registradores Públicos de la Propiedad a inscribir todos los títulos de Reforma Agraria sin mayor trámite o costo, sin importar si eran provisionales o definitivos. Así mismo se les mandataba a los registradores, a cancelar las cuentas previas al título de Reforma Agraria, declarando nulo todo acto de transmisión de propiedades afectadas por la Reforma Agraria, que aún estuvieren a nombre de su antiguo propietario.
     
726. 
     Durante el Gobierno de la Unión Nacional Opositora, 1990-1996, la Reforma Agraria fue orientada en cuatro direcciones distintas: 1- continuo proceso de distribución de tierras, 2- puso en marcha un programa de titulación y registro de la propiedad agraria, 3- estableció el marco legal e institucional para llevar a cabo la revisión de las afectaciones y asignaciones de propiedades, 4- emprendió la privatización del área de propiedad agraria del Estado, o área propiedad del pueblo (APP).
     
727. 
     En esta etapa se finalizaron muchos procesos de asignación de tierras y se inició una etapa de reconversión y readecuación de lo realizado. La titulación del período de transición, marcó fuertemente este período, en vista que una de las labores principales a desarrollar fueron las revisiones de adjudicación, con todo el costo político, social y económico que tal tarea demandaba.
     
728. 
     En 1991, se tomaron las primeras acciones en el tema de la Reforma Agraria, con la creación de la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT), adscrita al Ministerio de Finanzas y a cargo, principalmente, de la revisión de las adquisiciones o traspasos de inmuebles efectuados al amparo de las Leyes 85 y 86, o los que se hubieran realizado bajo las antiguas leyes de reforma agraria en el período del 25 de febrero al 25 de abril de 1990. La OOT debía revisar si cada adquisición había cumplido los requisitos establecidos en las referidas leyes. Si la adquisición, según dictamen de esta oficina, no reunía los requisitos necesarios, el caso era remitido a la Procuraduría de la República para iniciar las acciones de nulidad y restitución respectiva.
     
729. 
     En esta Oficina se estableció el procedimiento para la legitimación de los derechos adquiridos en virtud de las leyes 85 y 86. La solvencia de ordenamiento territorial emitida por la OOT resultaba suficiente para acreditar la titularidad de un bien afectado por la Reforma Agraria. En esta Ley también se creó una Comisión Especial de Revisión de la Presidencia, que posteriormente se adscribió a la Procuraduría General de la República (PGR) para realizar la investigación de lo casos de las propiedades que fueron confiscadas sin haber cumplido los requisitos de ley.
     
730. 
     En 1992 se creó la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones (OCI) para realizar, tal y como señala su nombre, la valoración y cuantificación que el Estado nicaragüense debía reconocer a las personas cuyas propiedades fueron confiscadas o expropiadas de forma ilegal, esto debidamente basado en el dictamen de la OOT y de la Comisión de Revisión. Con el dictamen de la OCI, el afectado por la expropiación ilegal y además, no ser posible la restitución del bien, tendría que asistir a la Tesorería de la Républica para proceder al pago de la indemnización por medio de los medios correspondientes.
     
731. 
     En 1994 fue creada la Oficina de Titulación Urbana (OTU)¹⁶⁸, para “coadyuvar” en el proceso de legalización de lotes urbanos adquiridos de conformidad a la Ley 86. Para poder obtener títulos definitivos sobre predios urbanos se requiere de las solvencias de revisión y de disposición emitidas por la OOT.
     
732. 
     En 1995, se aprueba la Ley de Estabilidad de la Propiedad Ley No. 209^169. Con esta Ley se pretendía solucionar el problema de la propiedad.
     
733. 
     Se reconoce la titularidad derivada de las solvencias de la OOT, de la OTU y los títulos de reforma agraria de la Ley 14, siempre y cuando se demuestren con los respectivos documentos. En lo restante establecía beneficios a favor de los propietarios originales de las tierras afectadas por la Reforma Agraria. Se da nuevos períodos para interponer recursos de revisión y reposición.
     
734. 
     Durante la gestión del gobierno de Doña Violeta Barrios, se entregaron 23, 069 títulos de propiedad, que representaban a 837, 947 manzanas y beneficiaban a 37, 690 familias campesinas. Se atendieron 3, 262 casos de conflictos agrarios, en los cuales el entonces Instituto Nicaragüense de la Reforma Agraria (INRA) sirvió como mediador y amigable componedor.¹⁷⁰
     

Área según estratos	Área	% Área	Número de productores	% Productores
Hasta 50 manzanas	2,215,147.4	24.8	160,356.0	80.4
Más de 50 a 200 manzanas	3,303,456.9	37.0	32,430.0	16.3
Más de 200 a 500 manzanas	1,647,185.1	18.4	5,169.0	2.6
Más de 500 manzanas	1,769,231.1	19.8	1,594.0	0.8
Total	8,935,020.5	100.0	199,549.0	100.0

715. 
     Al Instituto Nicaragüense de la Reforma Agraria (INRA)¹⁷¹ le restaba completar la titulación de 204, 935 manzanas correspondientes a 6,772 títulos de Reforma Agraria, según sus registros. Sin embargo, a las cuentas pendientes se agregaron nuevas necesidades, como es la demarcación y titulación de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica, así como demandas de legalización por parte de productores no pertenecientes al sector reformado. Al final, se contaba con un diagnóstico que estimaba en 700,000 manzanas las demandas de legalización no satisfechas, por parte de pequeños y medianos productores.
     
716. 
     En 1997, se aprobó la Ley N° 278 “Ley sobre Propiedad Reformada Urbana y Rural” que regulaba la tenencia, ejercicio, cargas y extinción del derecho adquirido sobre bienes en posesión del Estado, al amparo de o mediante las leyes antes mencionadas. De la misma forma, regulaba los asentamientos humanos espontáneos consolidados hasta 1995. Esta era la nueva norma sustantiva e incluso procedimental para el tema de la propiedad en Nicaragua a esa fecha. Esta Ley derogó la Ley 209 de Estabilidad de la Propiedad.
     
717. 
     Al llegar al 2002, la superficie estaba más concentrada para el sector privado. El sector privado cuenta con el 84% de la superficie nacional y el reformado cuenta con un 10% es decir que existe una disminución del 71% comparado el área de 1990 y del 2002.
     
718. 
     A lo largo de los últimos 16 años, desde 1990, se denota una clara dificultad para dar respuesta al problema de la propiedad, y en particular a la propiedad agraria, generándose un clima de incertidumbre en torno a la documentación legal e imponiéndose una doble presión sobre sus beneficiarios.
     

715. 
     La vivienda es un elemento importante para garantizar la dignidad humana. Una vivienda adecuada comprende más que un techo y las cuatro paredes de una habitación. La vivienda es esencial para una vida normal saludable. Satisface profundas necesidades psicológicas de vida privada y espacio personal; necesidades físicas de seguridad y protección de las inclemencias del tiempo y necesidades sociales de puntos básicos de reunión donde forjar y alimentar relaciones importantes. En muchas sociedades, la vivienda también cumple una función esencial como centro económico donde se realizan actividades comerciales esenciales.
     
716. 
     La definición del contenido del derecho a una vivienda adecuada proporciona un paradigma único para vigilar las medidas adoptadas por los estados para la provisión de viviendas, mediante la insistencia y los reclamos de los ciudadanos de que se haga efectivo este derecho humano básico.
     

715. 
     De acuerdo a la Ley Orgánica del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), Ley N° 428¹⁷³, éste Instituto ha sido facultado como la institución rectora de la vivienda a nivel nacional, con responsabilidad para priorizar el desarrollo de Vivienda de Interés Social (VIS). Coordina además todas las acciones del sector.
     
716. 
     En el Capítulo I, artículo 1 de esta Ley 428, se establece que el INVUR “es una entidad, descentralizada, de interés público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad legal para adquirir derechos, contraer obligaciones y de duración indefinida”.
     
717. 
     Asimismo la Ley N° 457¹⁷⁴ Ley de Funcionamiento, Normativa y Procedimientos del Fondo Social de Vivienda, aprobada el 4 de Junio del 2003, expresa que el objeto fundamental del Fondo Social de Viviendas (FOSOVI) es el otorgamiento de subsidios para viviendas de interés social, y que es del interés del Estado procurar que tales subsidios se otorguen con justicia, equidad y transparencia.
     
718. 
     Las acciones del INVUR tienen como base el Plan Nacional de Vivienda (2005-2025), y su fin es transformar la visión actual de la vivienda, siendo este un problema social que se debe enfrentar como parte de la estrategia de combate a la pobreza, a un esquema orientado hacia una política de desarrollo económico y social del sector habitacional.
     
719. 
     El INVUR es el rector y promotor del desarrollo y fortalecimiento del sector vivienda en su totalidad, especialmente hacia el sector de la población con bajos ingresos y facilitar la participación del sector privado, promoviendo la diversificación y racionalización de las construcciones habitacionales a través de políticas sectoriales adecuadas y acordes con la estrategia de desarrollo del país.
     

1. 
   la construcción y el financiamiento de vivienda al sector privado y la sociedad civil organizada.
   
2. 
   Promover incentivos que dinamicen la oferta y demanda de las viviendas de interés social, entre ellos: política de subsidios, fondos en administración, fondos de hipotecas aseguradas, etc.
   
3. 
   Establecer criterios de intervención en vivienda: sostenibilidad (jurídica, social y ambiental); prevención del riesgo ante amenazas naturales y enfoque urbanístico (ordenamiento territorial).